Inició en la Pontificia Universidad Urbaniana el curso sobre "Delicta graviora"

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Profundizar, tanto a nivel sustantivo como procesal, en las cuestiones jurídicas relacionadas con los "Delicta graviora", competencia exclusiva del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Este es el objetivo del curso, lanzado por la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma. Las clases comenzaron este 12 de enero, con una introducción a cargo del arzobispo John Joseph Kennedy, secretario de la Sección Disciplinaria del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, seguida de una reseña histórica a cargo del profesor Sebastián Terráneo, catedrático de Historia del Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Continuarán hasta junio, con especial atención a las curias diocesanas y los tribunales eclesiásticos, los responsables de órdenes religiosas y los estudiantes que ya han obtenido la licenciatura en Derecho Canónico.

Los delitos examinados

Entre los docentes se encuentran varios funcionarios del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, quienes podrán ofrecer información y datos útiles durante las clases para facilitar la aplicación de las normas a casos específicos. Entre los delitos examinados se encuentran los perpetrados contra los sacramentos de la Eucaristía y la Reconciliación; los delitos cometidos por clérigos que adquieren y difunden pornografía infantil, así como los cometidos por quienes, violando la disciplina de la Iglesia Católica, intentan conferir las órdenes sagradas a una mujer. Esto también incluye el abuso sexual cometido por un clérigo contra menores de 18 años.

Delitos que atentan contra la santidad de los Sacramentos

Más concretamente, como recuerda la Agencia Fides, los "Delicta graviora", contemplados en el Código de Derecho Canónico y el Código de Cánones de las Iglesias Orientales, se cometen siempre contra realidades vitales para la Iglesia, empezando por los sacramentos de la Eucaristía, la Penitencia y el Orden Sacerdotal, incluyendo también el abuso sexual contra menores. Por ejemplo, entre los "delitos más graves" se incluyen la sustracción, retención o profanación sacrílega de hostias consagradas, la violación directa del sigilo sacramental en el sacramento de la Confesión o, entre los Delitos contra el mismo Sacramento, la absolución otorgada por el confesor a su cómplice en el pecado contra el sexto mandamiento del Decálogo ("No cometerás actos impuros").

Los cambios en los últimos 25 años

La Agencia Fides recuerda también que, en 2001, con el Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, el Papa Juan Pablo II reservó a la Congregación (actual Dicasterio) para la Doctrina de la Fe la competencia para conocer y juzgar, en el marco del derecho canónico, delitos particularmente graves cuya competencia se había atribuido previamente a otros Dicasterios o no estaba del todo clara. El Motu Proprio de 2001 incluyó el documento Normae de gravioribus delictis, actualizado y reformulado en 2010 con la aprobación del Papa Benedicto XVI, quien ordenó su promulgación. En ese nuevo documento, por primera vez, entre los "Delicta graviora" se incluyeron también los delitos contra la fe (herejía, apostasía y cisma) y el intento de conferir el orden sagrado a una mujer, así como escuchar indirectamente la confesión de otra persona, grabarla o difundirla. Además, las normas de 2010 sobre "Delicta graviora" también incluyeron entre los delitos más graves la posesión y difusión de pornografía infantil por parte de clérigos, y aumentaron el plazo de prescripción de los casos denunciados de abuso sexual de menores por parte de clérigos de 10 a 20 años, computados a partir del 18º cumpleaños de las víctimas.

En 2021, el Papa Francisco promulgó una nueva versión de las Normas sobre los Delitos Más Graves Reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, actualizando y modificando el texto promulgado en 2001 por Juan Pablo II y revisado en 2010 por Benedicto XVI. Las normas promulgadas en 2021 no añadieron ningún delito nuevo reservado a la Congregación para la Doctrina de la Fe, sino que introdujeron nuevos elementos, principalmente en aspectos procesales, destinados a facilitar el correcto funcionamiento del sistema de justicia penal de la Iglesia.