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Una imagen de la mina de Rubaya, en el norte de Kivu (AFP o sus licenciantes) Una imagen de la mina de Rubaya, en el norte de Kivu (AFP o sus licenciantes)  (AFP or licensors)

RD Congo, los minerales cada vez más en el centro de las disputas geopolíticas

No solo en el Kivu, sino también más al sur, en el Katanga, los recursos minerales del territorio congoleño son cruciales en la estrategia de Estados Unidos, que se basa en la fórmula "minerales a cambio de seguridad"

Ilaria De Bonis – Ciudad del Vaticano

No solo el este de la República Democrática del Congo (RDC) está en el punto de mira de la nueva economía. Y no son solo el coltán y el cobalto los minerales “ensangrentados” por los que se libran guerras olvidadas. También el sur de la RDC, con su rico yacimiento de manganeso, oro, cobre y litio, está en el centro de las ambiciones expansionistas de las potencias occidentales y asiáticas.

Las minas del Katanga


Hablamos en particular de las provincias del sur del alto Katanga y Lualaba, donde el cobalto sigue siendo el “rey” de los minerales, entre Lubumbashi y Kolwezi. Pero decenas de otros sitios, tanto artesanales como industriales, están en el centro de la “lista de Trump”, mediador del conflicto entre la República Democrática del Congo y Ruanda. Desde hace aproximadamente dos semanas, el gobierno de Kinshasa ha enviado a Washington una “lista reducida” de proyectos mineros sobre los cuales Estados Unidos pronto podrá tomar control, adquiriendo derechos y gestión a cambio de garantías de seguridad en el Norte y Sur de Kivu. La fórmula minerals-for-security elaborada por Trump sirve como preámbulo de los acuerdos de paz entre los presidentes congoleño y ruandés, Félix Tshisekedi y Paul Kagame. Entre los sitios objeto del “intercambio” están también los de la ciudad minera de Kisenge, en el sur del Congo: así lo revela la sociedad civil local, que advierte sobre los evidentes riesgos de “vender a precio de saldo” las riquezas minerales del país. En particular, es Casmia-G —una asociación de trabajadores en la Provincia de Lualaba (antiguo Katanga)— la que pide al gobierno «no ceder las minas a los grandes poderes y no conformarse con sus desechos y migajas». Preocupa, por ejemplo, el destino de la Kisenge Manganese Company, antigua compañía estatal congoleña, cerrada durante 40 años y ahora en la trayectoria del Corredor de Lobito, un megaproyecto ferroviario transfronterizo. Las licencias de extracción de manganeso y oro en el perímetro de Kisenge son vigiladas por Casmia-G, que desea entender mejor el papel desempeñado por los estadounidenses.

Tragedias y violación de derechos


Precisamente en estas tierras ocurrió una nueva tragedia en la noche del 6 al 7 de febrero: según las asociaciones de trabajadores de minas artesanales, en el yacimiento de Tulizembe, a unos 20 km al sur de Kolwezi, en la provincia de Lualaba, al menos once personas perdieron la vida en un deslizamiento; varios mineros resultaron heridos. Una tragedia que pasa desapercibida en Occidente, al igual que la que, con un balance dramático, a finales de enero sepultó a cientos de personas en Rubaya, en el norte de Kivu.

En la fórmula minerals-for-security también está la zona minera de Kipushi, igualmente en el sur: «Estados Unidos acelera su reposicionamiento estratégico en la carrera mundial por los minerales críticos —escribe el portal congoleño Mines.cd—. Robert Friedland, fundador y copresidente ejecutivo de Ivanhoe Mines, participó en la Casa Blanca, junto a Trump, en el lanzamiento del proyecto Vault». Se trata de gestionar una reserva estratégica de minerales críticos valorada en 12.000 millones de dólares. La iniciativa, explica el periódico, busca «fortalecer la seguridad y la cadena de suministro estadounidense de metales indispensables para semiconductores, inteligencia artificial y energías renovables». Vault requiere una inversión inicial de 1.670 millones de capital privado y tiene como objetivo «reducir la dependencia estadounidense de los chinos».

El caos es la normalidad
Pero mientras todo esto ocurre, de manera más o menos opaca y en silencio —y el resto del mundo da por hecho la paz entre RDC y Ruanda, con la firma del acuerdo del pasado 5 de diciembre— en el este la guerra continúa. Decenas de personas mueren, también entre los civiles: el Norte y el Sur de Kivu están a merced del M23 y los Wazalendo; de grupos filo-ruandeses, de facciones partidistas y de milicias del ADF. El caos es la normalidad. Las muchas comunidades desplazadas, con miles de refugiados en Burundi, no pueden regresar a sus aldeas de origen. Y miles de personas han perdido su hogar. El temor de la Iglesia local y de la misión, que narra en primera persona los dramas cotidianos, es que, con tal de cerrar cuentas con la extracción ilegal de minerales en los sitios artesanales y evitar la fuga de minerales clandestinos, el gobierno de Kinshasa acepte cualquier condición dictada por Trump y su administración. De hecho, el núcleo de la negociación no es ni la paz ni la justicia, sino el Regional Economic Integration Framework entre RDC y Ruanda. Es decir, 26 páginas centradas en política minera y cadena de suministro: de la seguridad de los seres humanos y de las comunidades locales en peligro constante no se habla en estos acuerdos. Tampoco se menciona la restauración de la justicia y los derechos humanos violados. De libertad, paz, respeto por las identidades étnicas y religiosas, y de una vida cotidiana reparada, no hay rastro. La Pax americana es, aquí en África como en otros lugares del mundo, esencialmente ligada a una estrategia comercial y de inversión privada.

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10 febrero 2026, 12:50