Gaza: Alarma de las ONG, la asistencia humanitaria está en riesgo

Beatrice Guarrera - Ciudad del Vaticano

Estos días, vemos que llegan cada vez menos suministros, en un contexto en el que más del 90 % de la población depende exclusivamente de la ayuda humanitaria. Cada día perdemos más vidas, mientras que más de 1,5 millones de personas han perdido sus hogares. Además, estamos presenciando nuevos casos de desnutrición, especialmente entre niños y mujeres embarazadas. Necesitamos todo; de lo contrario, sufriremos otra hambruna como la del pasado agosto. Amjad Shawa, director de la Red de Organizaciones No Gubernamentales Palestinas (ONGP) en la ciudad de Gaza, alertó sobre la dramática situación en la Franja de Gaza. Su testimonio se produjo durante una sesión informativa en línea en la que varias organizaciones humanitarias presentaron un recurso ante el Tribunal Superior de Israel. Se les ordenó cesar sus actividades en la Franja antes del 28 de febrero por no cumplir con los requisitos de registro, según la normativa israelí actualizada. 

La contribución fundamental de las ONG

Las ONG han pedido la suspensión de las medidas antes de que se produzcan daños irreparables a los civiles que dependen de su asistencia. De hecho, junto con agencias de la ONU y socios palestinos, las organizaciones internacionales apoyan o implementan la distribución de más de la mitad de toda la asistencia alimentaria en Gaza, el 60 % de las operaciones de los hospitales de campaña, casi tres cuartas partes del alojamiento y el suministro de artículos no alimentarios, todo el tratamiento hospitalario para niños con desnutrición aguda grave y el 30 % de los servicios educativos de emergencia, además de financiar más de la mitad de las operaciones de limpieza en situaciones de riesgo de explosivos.

Estas cifras se proporcionaron en una declaración conjunta de los firmantes del llamamiento —17 ONG, junto con la Asociación de Agencias Internacionales de Desarrollo (AIDA)—, que pone de relieve una situación de estancamiento jurídico sin precedentes, en la que las exigencias de la administración israelí contradicen directamente las leyes internacionales de privacidad y los principios fundamentales de neutralidad humanitaria. 

La incógnita en torno a la difusión de datos sensibles

El 30 de diciembre de 2025, se informó a 37 organizaciones humanitarias que sus registros israelíes expirarían al día siguiente, lo que les daba 60 días para cesar sus operaciones en Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental. La decisión solo podría revertirse si las organizaciones completaban todo el proceso de registro y proporcionaban información confidencial sobre cada empleado que operaba sobre el terreno; datos que las ONG "no pueden proporcionar por razones legales o éticas".

Athena Rayburn, directora ejecutiva de AIDA, con sede en Ammán, explicó que las políticas de privacidad les impiden divulgar los datos solicitados por las autoridades israelíes, quienes ni siquiera especificaron el propósito. Se teme que esta sea una forma de perturbar las operaciones de las ONG, reduciendo así el número de "testigos sobre el terreno" de lo que sucede en la Franja. La transferencia de datos personales también plantea “graves riesgos de seguridad, exponiendo al personal palestino a posibles represalias y socavando la protección de datos y las garantías de confidencialidad”, además de crear “un precedente que podría socavar el compromiso humanitario basado en los principios de independencia, neutralidad e imparcialidad en contextos altamente politizados”. 

El riesgo de interrumpir servicios que salvan vidas

Yotam Ben-Hillel, abogado que presentó la apelación en nombre de las organizaciones internacionales, explicó que los procedimientos de registro de las ONG se han fusionado recientemente con el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, que "no está familiarizado con los asuntos humanitarios" y decidiría "según criterios subjetivos" si concede o no la autorización para operar. Sin embargo, según las ONG, el registro debe realizarse ante la Autoridad Nacional Palestina, que proporciona la base legal para que las organizaciones internacionales operen en territorio palestino.

Según el Cuarto Convenio de Ginebra, una potencia ocupante también está obligada a facilitar las labores de socorro para los civiles bajo su control. "Condicionar la presencia humanitaria a solicitudes administrativas de gran alcance, incluida la transferencia de listas completas del personal nacional, sumado a razones vagas y politizadas para la denegación, corre el riesgo de interrumpir los servicios esenciales y erosionar la obligación de garantizar el bienestar de los civiles", concluyen las organizaciones internacionales.