Red Clamor Chile rechaza propuesta que obligaría a denunciar migrantes en hospitales y escuelas

Rocío García - Ciudad del Vaticano

Un proyecto de ley impulsado en Chile intenta legislar la obligatoriedad de que hospitales, consultorios, colegios y otras instituciones públicas o privadas entreguen  información de migrantes irregulares a las autoridades migratorias.

Frente a esto, la Red Clamor Chile, junto con más de 180 personas, organizaciones sociales, autoridades locales, académicos, representantes de la Iglesia y fundaciones vinculadas a los derechos humanos y la migración, enviaron una carta al director del portal de noticias chileno BioBioChile, manifestando su rechazo al proyecto de ley.

La carta fue encabezada por la secretaria ejecutiva de la Red Clamor Chile, Hna. Gabriela Herrea; el obispo de San Marcos de Arica y referente de la Red Clamor Chile, Mons. Moisés Atisha; la directora de Fundación Soy Más, Bárbara Etcheberry; y el capellán del Servicio Jesuita a Migrantes, Pablo Walker, SJ.

Espacios de cuidado frente a la propuesta de denuncia migratoria

La carta lanza una pregunta inquietante que cuestiona la propuesta legislativa: “¿Estamos dispuestos a convertir lugares de cuidado en espacios de denuncia?”

Los firmantes sostienen que promover una “cultura de la delación” en servicios básicos de salud no solo vulnera la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes y el Código Sanitario, sino que obstruye el acceso a necesidades humanas imprescindibles para la paz social.

“Hacer que una madre sienta temor de vacunar a su hijo o mandarlo al colegio, o que un enfermo prefiera sufrir en soledad en vez de ir a un consultorio por miedo, puede llevar a nuestra sociedad a un profundo deterioro”.

Organizaciones alertan sobre posibles vulneraciones de derechos

La carta sostiene además que este tipo de medidas podría vulnerar la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes y el Código Sanitario, enfatiza que el Estado tiene el deber de ordenar la política migratoria, pero subrayan que existe una diferencia entre regular y deshumanizar: “Usar el acceso a derechos básicos como mecanismo de control daña la cohesión social y contradice los principios que nos constituyen como país”.

El escrito cierra con  una petición a las autoridades  a  buscar  medidas de orden que no sacrifiquen los derechos humanos, especialmente los derechos de la niñez que deben primar sobre cualquier lógica punitiva.