Honduras, el dolor de la Iglesia por la masacre de los campesinos en Rigores

Valerio Palombaro - Ciudad del Vaticano

“Profunda tristeza e indignación” fueron expresadas por la Conferencia Episcopal de Honduras tras la masacre que ensangrentó el norte del país el jueves, con el asesinato de 20 campesinos en una plantación de palmas en el municipio de Trujillo. El balance actualizado a 20 víctimas fue proporcionado ayer en una conferencia de prensa por el portavoz de la Fiscalía Nacional, Yuri Mora, quien definió la masacre ocurrida en la aldea de Rigores como “uno de los mayores episodios de violencia” de los últimos años en el departamento de Colón. Entre las víctimas, todos jornaleros que trabajaban en la cosecha de aceite de palma, figuran 15 hombres, tres mujeres y dos menores. Uno de solo nueve años. El ataque, según los testimonios recabados por las autoridades, fue llevado a cabo por hombres armados vinculados a los grupos criminales que abrieron fuego en el interior de una iglesia donde se habían refugiado las personas que se preparaban para iniciar la jornada laboral.

Ola de violencias

“Cada víctima es una persona creada a imagen y semejanza de Dios”, observan los prelados de Honduras en una nota de condena de la masacre, recordando también los recientes episodios de violencia en las zonas de Corinto y Omoa, en la frontera con Guatemala, siempre en el norte del país, donde fueron asesinados varios agentes de policía y civiles: “Expresamos nuestro rechazo absoluto a este y otros actos similares” y, como miembros de la Iglesia, “no podemos aceptar justificaciones superficiales ante hechos tan horrendos”. Los obispos hondureños, finalmente, subrayan que la sociedad debe estar unida para que se instaure en el país “Su Reino de justicia, verdad y paz”.

Defender la dignidad humana

Solidaridad con el pueblo hondureño fue expresada en una nota del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam). "Ninguna vida es sacrificable", se lee en el mensaje firmado por el cardenal Jaime Spengler y por el obispo Lizardo Estrada Herrera, respectivamente presidente y secretario general del Celam. La violencia, continúa la nota del Celam, "hiere el tejido de nuestras comunidades y oscurece el sueño de fraternidad" mientras es urgente promover caminos de reconciliación, justicia y paz. "La vida de los pobres, de los trabajadores y de aquellos que habitan y defienden sus territorios, de los niños, de los jóvenes y de los ancianos, no puede estar colgada del hilo de la indiferencia, la impunidad o la exclusión", declara el Celam recordando el sentido de la campaña "La vida está colgada de un hilo". “Estamos llamados a tejer juntos una cultura del encuentro, cuidado, solidaridad y paz, donde la dignidad de cada persona sea reconocida como un don sagrado de Dios”.

Una zona de martirio

Una firme condena de este enésimo episodio de violencia en el norte de Honduras fue expresada también por la red Iglesias y Minería. La región del Bajo Aguán, donde el jueves fueron asesinados los 20 campesinos, “se ha transformado en una zona de muerte para aquellos que defienden el derecho a la tierra y al territorio”. Una nota de la red recuerda que la nueva ola de violencia afecta a territorios que ya han visto “martirizadas” a varias personas, entre ellas el defensor del medio ambiente, Juan Antonio López, delegado de la Palabra de Dios, miembro fundador de la pastoral de la ecología integral en Honduras, asesinado en Tocoa en septiembre de 2024. “Las continuas muertes en esta zona martirizada evidencian una problemática que tiene raíces estructurales que generan pobreza, desigualdad, violencia, impunidad y ausencia o complicidad del Estado”, denuncia la nota de Iglesias y Minería, pidiendo investigaciones exhaustivas sobre todos estos asesinatos.

“Solicitamos a las autoridades locales y nacionales –continúa la nota– promover el proceso de regularización de los títulos agrarios en el marco de la reforma agraria, como condición fundamental para contribuir a la paz, al empleo y al respeto de los derechos humanos de la población de esta región”. “El Estado debería concentrarse eficazmente en el desmantelamiento de las redes criminales que operan en la región”, concluyen desde Iglesias y Minería, expresando solidaridad con las víctimas y recordando las palabras del Papa León XIV de septiembre de 2025 sobre la esperanza y la justicia: “El espíritu de Dios es capaz de transformar el desierto árido y seco en un jardín, lugar de descanso y serenidad”.

Miedo entre las personas

El agricultor hondureño Armando Suchite, quien perdió a dos hijos en la masacre, relató a la agencia Efe que la comunidad de la zona vive en el terror. "Estamos aterrorizados porque la violencia en Colón se ha vuelto muy peligrosa", dijo Suchite tras haber sepultado a sus hijos de 23 y 25 años en el cementerio de la aldea de Rigores, donde ayer fueron sepultadas simultáneamente la mayor parte de las 20 víctimas de la masacre.

Otro habitante de la aldea confirmó que la gente del lugar "vive con miedo". "Esa palma parece maldita; nos ha traído muchas tragedias. Hemos perdido a muchos amigos y familiares a causa de la disputa territorial", afirmó. Las reivindicaciones territoriales presentadas por los agricultores, algunos de los cuales están organizados en instituciones, han llevado a violentos incidentes en la región del Bajo Aguán y en otras partes del país. Las muertes violentas en algunos casos han involucrado también a "guardias de seguridad privada" de empresas activas en el cultivo de la "palma africana". Esta actividad se ha difundido en el norte de Honduras, suplantando un gran porcentaje de otros cultivos como maíz, frijoles y cítricos. En los últimos 50 años, más de 200 personas han muerto violentamente en el marco de disputas territoriales, mientras que los gobiernos que se han sucedido en Tegucigalpa no han sido capaces de resolver el problema.