Regularización de migrantes en España: "Cada persona es un fin en sí misma"

Joseph Tulloch - Ciudad del Vaticano 

El mes pasado, el Consejo de Ministros español aprobó un decreto que otorga la residencia legal a cientos de miles de migrantes indocumentados. En un momento en que las deportaciones y las detenciones dominan los debates sobre migración en otros lugares, esta fue una elección sorprendente.

En España, los migrantes en situación irregular han vivido "durante años en las sombras", afirmó Amaya Valcárcel, asesora de incidencia internacional del Servicio Jesuita a Refugiados. Para los entre 500.000 y un millón de personas afectadas, la regularización significa el "reconocimiento de su existencia civil" y "un paso hacia la seguridad jurídica".

En declaraciones a Vatican News por correo electrónico, Valcárcel, que es española, subrayó que los migrantes irregulares realizan trabajos "indispensables" en España, en sectores como la agricultura, la hostelería, la construcción y el trabajo doméstico. A pesar de ello, al no tener acceso a contratos laborales formales ni a redes de seguridad, viven "bajo un riesgo constante".

Una cuestión moral, no económica

A menudo, los argumentos a favor de la migración se plantean desde un punto de vista económico: los países occidentales necesitan inmigrantes para contribuir a la fuerza laboral y pagar las pensiones de poblaciones que envejecen rápidamente.

Sin embargo, en un artículo muy comentado en el New York Times escrito a principios de este mes, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, insistió en que la "primera y más importante" razón para la regularización era moral, no económica. Estos migrantes, dijo, ya forman parte de la sociedad española y merecen ser tratados como tales.

"Los fines de semana", escribió Sánchez, "pasean por los parques, van a restaurantes y juegan en el equipo de fútbol local de aficionados", y no obstante, hasta ahora no podían "recibir educación superior, pagar impuestos o cotizar a la Seguridad Social".

Valcárcel destacó la importante coincidencia en este punto con la Doctrina Social de la Iglesia, que hace hincapié en que los migrantes no pueden "ser vistos simplemente como recursos útiles para la economía".

Frente a tales enfoques "utilitaristas", subrayó Valcárcel, la Iglesia nos recuerda que "cada persona es un fin en sí misma", portadora de una "dignidad inviolable", y no un "instrumento al servicio de necesidades a corto plazo".

Próximos pasos

Al mismo tiempo, Valcárcel recalcó que la regularización "no es una solución definitiva".

Inicialmente está previsto que dure solo un año, lo que genera naturalmente incertidumbre sobre lo que vendrá después y, como destacó Valcárcel, no elimina la necesidad de reformas estructurales más profundas.

Entre los cambios necesarios, Valcárcel señaló políticas de integración a largo plazo, protecciones laborales sólidas y, fundamentalmente, vías claras para la migración legal.

"Compromiso cívico sinodal"

Por último, Valcárcel también destacó el proceso de toma de decisiones que hubo detrás de la medida.

La regularización comenzó con una petición que reunió más de 700.000 firmas y el apoyo de más de 900 organizaciones de la sociedad civil. Entre ellas se encontraba la Iglesia Católica, tal como subrayó Sánchez en su artículo del New York Times.

Más de 17.000 voluntarios llamaron a las puertas y visitaron universidades, centros comunitarios e iglesias, iniciando debates y recogiendo las firmas necesarias para que la petición fuera discutida en el Parlamento.

Al reunir a individuos y organizaciones de toda la sociedad española, sugirió Valcárcel, el proceso se convirtió —para usar el lenguaje eclesial— en una forma de "compromiso cívico sinodal", una movilización "sin precedentes" en tiempos, por lo demás, polarizados.