La Iglesia española celebra el inicio del proceso de regularización de migrantes

Sebastián Sansón Ferrari - Ciudad del Vaticano

El inicio del proceso de regularización extraordinaria para personas migrantes en España ha sido recibido con satisfacción por las principales entidades de la Iglesia católica, que lo valoran como un paso decisivo hacia la justicia social y la integración. Cáritas, el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES) y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) destacan que la medida reconoce el aporte de quienes, pese a vivir en situación irregular, contribuyen de manera constante al desarrollo económico y social del país.

Las entidades señalan que esta regularización extraordinaria complementa el Reglamento de Extranjería (RD 1155/2024) y ofrece soluciones a colectivos que no pueden acogerse a los procedimientos ordinarios. Entre ellos se encuentran personas que carecen de documentación suficiente, trabajadores sin contrato formal previo, solicitantes de protección internacional denegada y quienes enfrentan dificultades de empleabilidad por edad, discapacidad o enfermedades crónicas. Según datos de Cáritas, en 2024 alrededor de 550.000 personas acompañadas estaban en situación irregular, mientras que el IX Informe FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) indica que el 68% de los migrantes en estas condiciones vive en exclusión social.

El proceso permitirá que las personas extranjeras que residieran en España antes del 31 de diciembre de 2025, durante un período mínimo de cinco meses, puedan presentar su solicitud. Para quienes hayan solicitado protección internacional, bastará con que la solicitud se haya presentado antes de esa fecha. Además, los beneficiarios deberán carecer de antecedentes penales y no representar una amenaza para el orden público.

Cumplidos estos requisitos, recibirán una autorización de residencia inicial de un año, que les permitirá trabajar desde el primer día en cualquier sector y lugar del país. Transcurrido este periodo, deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería, garantizando una integración plena y progresiva. El proceso incluye también a los hijos menores de los solicitantes, quienes obtendrán residencia inicial por cinco años, reforzando la integración familiar como eje central de la política migratoria.

Las entidades eclesiales destacan que esta medida aporta seguridad jurídica tanto a los trabajadores como a los empleadores y contribuye a reducir la economía sumergida y la explotación laboral. Subrayan que no se trata solo de un procedimiento administrativo, sino de un acto de justicia social que reconoce la presencia y contribución de los migrantes en la sociedad española.

Este proceso forma parte del Plan de Integración y Convivencia Intercultural del Gobierno, orientado a consolidar un modelo migratorio basado en derechos humanos, integración y cohesión social. Las organizaciones católicas subrayan que la medida responde a una necesidad real: muchas personas han residido años en España sin poder acceder a los canales ordinarios de regularización, y sus derechos permanecen pendientes de reconocimiento.

La Iglesia española ha acompañado esta iniciativa durante años, impulsando la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reunió más de 700.000 firmas y contó con el respaldo de más de 900 organizaciones de la sociedad civil. En diciembre de 2024, la Conferencia Episcopal Española destacó que la regularización extraordinaria es una respuesta a una demanda social amplia y una medida imprescindible para mejorar la vida de miles de personas.

En este contexto, las entidades católicas llaman a un consenso político amplio para que la medida se implemente de manera rápida, ordenada y garantista. Subrayan que se trata de un gesto que reconoce la contribución de los migrantes a la sociedad española, garantiza su dignidad, sus derechos y la estabilidad de sus familias, y constituye un paso concreto hacia una España más inclusiva, cohesionada y solidaria, donde nadie quede relegado a la invisibilidad ni a la exclusión.